LA ILEGALIDAD EN LOS VERTEDEROS INDUSTRIALES

Hace ya casi dos años, cuando comenzó el conflicto por el depósito de desechos industriales peligrosos que hoy controla Essbío en Chillán Viejo, advertimos junto a un equipo formado por médicos, agricultores y alcaldes; que este vertedero de desechos tóxicos se había fraguado sobre actuaciones administrativas ilegales.

El 7 de Marzo recién pasado la Contraloría General de la República nos ha dado la razón en segunda instancia. Nuestro trabajo estuvo siempre motivado por el interés superior de mantener limpio el medio ambiente para no perjudicar las actividades económicas patrimoniales de Ñuble, a saber: la agricultura y la ganadería. A pesar de dictamen contundente de la Contraloría, esta empresa extranjera insiste en que operan en la legalidad. Tal vez sea necesario que pidan asesoría a un experto en derecho administrativo o pidan disculpas al Contralor Nacional por desconocer el mérito de su trabajo y su institución.

Además en muchas ocasiones advertimos lo peligroso que es este vertedero para la Marca Ñuble. En edición del sábado 4 de abril, Diario Crónica da a conocer la preocupación de agricultores y ganaderos por la contaminación que produciría este vertedero industrial en el medio ambiente.

Lo que debemos dejar en claro, es que cualquiera sea el efecto físico o químico sobre el aire, suelo y agua, este es paralelo al daño a nuestra marca como exportadores. Al cliente, comprador de nuestros productos en  Europa, Asia o Norteamérica, no le preocupa en qué condiciones funciona este vertedero de desechos mineros, lo que le preocupa es que sus propios clientes comprueben que en la zona donde se cultivan, por ejemplo, los arándanos o la uva con que se produce el vino que ellos consumen, hay un vertedero con unas 800 mil toneladas de desechos tóxicos, que incluyen arsénico, mercurio, dioxinas y otros elementos cancerígenos. Este es el motivo por el que nuestra economía local corre el serio riesgo de sufrir un daño irreparable al enfrentarse a un posible embargo sanitario por parte de los principales compradores de nuestros productos.

Sin ir más allá y sólo usando nuestro sentido común, preguntémonos ¿Que hace razonable que en Chillán Viejo recibamos los desechos peligrosos y tóxicos de faenas que están a miles de kilómetros de nuestra provincia? ¿Cuál es la parte de “ilegalidad” que los ejecutivos de Essbío no comprenden?

Personalmente, he tenido acceso a documentos que acusan muchos otros vicios asociados a las autorizaciones para el funcionamiento de este vertedero industrial. Las aristas van más allá de lo administrativo y lo ambiental. Muchas veces traté de comunicarme con las oficinas de Hera Ecobío en Santiago. No existían los teléfonos ni las oficinas. Lo que corresponde ahora es ahondar en los detalles de las transacciones comerciales entre sus dueños originales, los supuestos “nuevos inversionistas” y que los pagos de impuestos resultantes de estas transacciones se hayan efectuado. Cuando se ha comprobado la ilegalidad de las actuaciones administrativas ejecutivos de gobierno, se abre un inmenso espacio de duda ¿Es posible que esta sea la punta de un iceberg y que bajo ella encontremos una trama aun mayor de ilegalidades y corrupción?

Creo, sin temor a equivocarme, que este caso esconde corrupción. Cuando autoridades han actuado en forma ilegal sistemáticamente y además han ocultado información en complicidad con ejecutivos y dueños de empresas, tenemos suficientes motivos para sospechar que nos están escondiendo algo más grave que lo que ya hemos descubierto.

Para Tejemedios escribió:

UDO. H. SCHWEITZER. M.

Presidente Partido Por la Democracia P.P.D

Comunal Chillán

¿PODEMOS HACER LEYES SIN PARLAMENTARIOS?

“Yo no tengo nada de ideólogo de izquierdas” recalca el empresario suizo Thomas Minder, que indignado por  la codicia del ex CEO de Swissair, Mario Corti, quien fue recompensado con nueve millones de euros como indemnización después de hundir la aerolínea, comenzó una cruzada personal para crear una ley que impidiera que ejecutivos de empresas salieran con suculentos bonos de las organizaciones que dejaban en la quiebra.

El caso mencionado anteriormente, en Suiza,  dio paso en una campaña nacional para recolectar firmas respaldando un proyecto de ley que prohibiera estas prácticas previo referéndum (o plebiscito como se le llama). Hoy ese proyecto es ley en Suiza y no fue el congreso quien lo tramitó ni aprobó.

El principio de la Democracia directa hace alusión a un mecanismo de legislar en el que no interviene el  congreso, sino que es conducido por los ciudadanos de acuerdo a formalidades legales que permiten que esto suceda.

El abogado español, autor del libro “España Necesita Democracia Directa”, define el concepto en palabras sencillas: “Consiste en dos elementos: las iniciativas y los referendos. Si recoge suficientes firmas, el pueblo vota si quiere esa ley y entra en vigor como si la hubiera elaborado el Parlamento”

¿Necesitamos Democracia Directa en Chile?

Somos testigos  de cómo pasan años en que proyectos de ley descansan en algún lugar del congreso, de cómo tres o cuatro consorcios económicos pueden inclinar la balanza a la hora de legislar o no hacerlo sobre una materia determinada. Vivimos en una democracia cautiva y de un espíritu burocrático.

Entonces, surge la necesidad de legislar respecto de un asunto de interés nacional: una ley que permita que un equipo de ciudadanos organizados, con la colaboración de juristas, redacte un proyecto de ley que sea plausible dentro del ordenamiento jurídico y que establezca que si este proyecto de ley recibe el apoyo de una cantidad determinada de ciudadanos mediante su firma, sea sometido al escrutinio popular mediante  un referéndum. Después de este proceso y en el caso de ser aprobado por una mayoría, el proyecto debe transformarse en ley.

¿Es posible una Ley de Democracia Directa  en Chile?

Nuestra “clase política” representada por los legisladores (salvo contadas excepciones) ha dado muestras de un proceder muchas veces impredecible; hemos presenciado cómo, parlamentarios de oposición han respaldado iniciativas que van en contra del espíritu fundacional de la Concertación, como en el caso de la Ley de Privatización de Semillas o la Ley de Pesca, esta última ideada por Pablo Longueira y que tuvo votos de senadores socialistas y demócrata cristianos. Entonces ¿podemos confiar en la probidad legislativa de todos nuestros representantes en la Cámara y el Senado? No podemos,  puesto que es seguro que si esas leyes hubiesen sido escrutadas por la ciudadanía, no habrían llegado a transformarse en leyes de la República.

Si hacemos un ejercicio práctico de cómo operaría esto en Chile, resulta alentador pensar los resultados que podría tener este mecanismo. En las elecciones de diputados el año 2009 votaron válidamente 6.615.856 personas, esto dividido en 120 da un resultado de 55.132. En Chile, cada diputado representa en promedio 55.132 personas.

En Chile, un proyecto de  ley puede ser presentado por un diputado y con el patrocinio de un máximo de diez.  Esto significa que, en un sistema de democracia directa, en Chile podríamos tener proyectos de ley que se contengan dentro del marco del ordenamiento jurídico, respaldados por al menos 55.000 personas con derecho a voto e idealmente con una cantidad mayor y,  de acuerdo a la materia del proyecto,  que sean  residentes de todo el territorio. Posteriormente ese proyecto de ley sería sometido a votación popular y, en el caso de ser aprobado, se transformaría en Ley de la República, sin pasar por el congreso.

Lo que aquí describo suena utópico, pero es parte de un mecanismo legislativo en países como Suiza, que es una democracia más perfecta, un país con indicadores de transparencia superiores a los nuestros y una economía en que la riqueza se distribuye en forma más equitativa que en Chile.

Plantear esta idea en un país muy conservador como es Chile, puede resultar un acto subversivo, en un país conservador, casi toda acción crítica hacia el modelo, es subversivo. Pero la apropiación de las AFP de nuestros ahorros, los cobros abusivos de las Isapres, del retail y la arbitrariedad para aplicar intereses y comisiones usureras de los bancos, son legales; como también es legal que  empresas extranjeras exploten nuestros recursos naturales y no paguen impuestos en Chile; los toleramos y no hacemos lo necesario por terminar con esto en forma definitiva y rápida. Lo que creo es que son estas las organizaciones las subversivas, son ellos quienes entran en nuestras vidas violentando nuestra libertad, nuestro patrimonio nacional, destruyendo familias con la presión del endeudamiento, destruyendo el futuro de mujeres y hombres  que llevan la letra escarlata de las deudas crónicas, sometiendo a quienes trabajan con la ideología del abuso institucionalizado y teniendo a un país entero de rodillas, muchas veces con la complicidad de parlamentarios que dicen representar la voluntad soberana, pero que a la hora de votar,  deliberan pensando en el financiamiento de sus campañas y en asegurar un patrimonio para su futuro. Es ahí donde mueren los sueños de libertad y de un Estado solidario y meritocrático.

El comienzo del cambio revolucionario que Chile requiere podría partir –por ejemplo- con una Ley de Democracia Directa; una ley que motivaría la participación, la reintegración de los ciudadanos y el Estado, veríamos a personas atentas e involucradas en lo que ocurre en su país y en sus comunidades. Es una forma de lograr que sea la ciudadanía la que detente el poder político, no los partidos, que – aunque necesarios para la estabilidad política- hoy han dejado de ser la institucionalización de la opinión pública.

Una Ley de Democracia Directa podría ser una gota de democracia; y es con una sola gota con que comienza la lluvia.

Para Tejemedios escribió:

UDO. H. SCHWEITZER. M.

Presidente Partido Por la Democracia P.P.D

Comunal Chillán