RESPALDO AL PROYECTO QUE EVITA VIOLENCIA EN CAMPAÑAS POLÍTICAS

La diputada PPD, Adriana Muñoz, señaló que el gobierno, a través del Subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, le entregó su pleno respaldo a la “Ley Luciano”,  proyecto que fue presentado a raíz del brutal ataque contra Luciano Rendón por comandos de campaña durante las últimas elecciones municipales.

“Tuvimos una muy buena reunión con el subsecretario, donde le planteamos que mientras se tramita este proyecto de ley, es urgente promover la firma de un protocolo de acuerdo donde los presidentes de los partidos políticos del país y el gobierno, se comprometan a establecer un registro de los integrantes de los comandos de campaña presidenciales y parlamentarios durante las elecciones de noviembre próximo. Esta propuesta fue acogida positivamente por el subsecretario teniendo presente que debe contar con la disposición del mundo político”, indicó
Muñoz.

Junto a la diputada, el dirigente de la Región del Biobío del Partido Por la Democracia, Udo Schweitzer, además  de plantear la necesidad de dar urgencia al proyecto "Ley Luciano" propuso al subsecretario de prevención del delito, adoptar acciones preventivas orientadas a que no se repitan hechos como el que afectaron a Luciano Rendón.

"Dentro las peticiones que hicimos junto a la familia Rendón y la diputada Adriana Muñoz, propusimos al subsecretario que - en la eventualidad de no lograr que la Ley Luciano entre en vigencia para estas elecciones- el gobierno convoque a todos los partidos políticos y estos a sus candidatos, para efectos de suscribir un protocolo de buenas prácticas que garanticen elecciones sin violencia, lo que no es un sustituto de la ley, sino una medida que sirva para evitar que vuelvan a suceder tragedias como la que ha afectado a la familia Rendón" aseveró Schweitzer.

Asimismo, el subsecretario propuso una serie de medidas para agilizar los procesos judiciales iniciados por la familia de Luciano Rendón hace más de nueve meses ante la Fiscalía. Hasta el día de hoy los agresores del joven están libres y gozan de total impunidad.

Previo a la reunión con el subsecretario, la parlamentaria junto a la familia Rendón, el diputado Enrique Accorsi, la actriz Ana María Gazmuri, Giorgio Jackson, Rolando Jiménez, entre otros, entregaron una carta dirigida al Presidente de la República solicitando patrocinar y poner urgencia a la "Ley Luciano".

Cabe señalar que este proyecto de ley impide la contratación de brigadistas con antecedentes penales de violencia física y sicológica, y que todos los miembros de los comandos de campaña sean empadronados. Además, obliga que  frente a un hecho de connotación violenta, los candidatos o jefes de campaña tengan la obligación de denunciar los hechos ante la justicia para que sean investigados por la Fiscalía.

Para Tejemedios escribió:
UDO H. SCHWEITZER M.
PRESIDENTE PARTIDO POR LA DEMOCRACIA COMUNAL CHILLÁN

LA ILEGALIDAD EN LOS VERTEDEROS INDUSTRIALES

Hace ya casi dos años, cuando comenzó el conflicto por el depósito de desechos industriales peligrosos que hoy controla Essbío en Chillán Viejo, advertimos junto a un equipo formado por médicos, agricultores y alcaldes; que este vertedero de desechos tóxicos se había fraguado sobre actuaciones administrativas ilegales.

El 7 de Marzo recién pasado la Contraloría General de la República nos ha dado la razón en segunda instancia. Nuestro trabajo estuvo siempre motivado por el interés superior de mantener limpio el medio ambiente para no perjudicar las actividades económicas patrimoniales de Ñuble, a saber: la agricultura y la ganadería. A pesar de dictamen contundente de la Contraloría, esta empresa extranjera insiste en que operan en la legalidad. Tal vez sea necesario que pidan asesoría a un experto en derecho administrativo o pidan disculpas al Contralor Nacional por desconocer el mérito de su trabajo y su institución.

Además en muchas ocasiones advertimos lo peligroso que es este vertedero para la Marca Ñuble. En edición del sábado 4 de abril, Diario Crónica da a conocer la preocupación de agricultores y ganaderos por la contaminación que produciría este vertedero industrial en el medio ambiente.
Lo que debemos dejar en claro, es que cualquiera sea el efecto físico o químico sobre el aire, suelo y agua, este es paralelo al daño a nuestra marca como exportadores. Al cliente, comprador de nuestros productos en  Europa, Asia o Norteamérica, no le preocupa en qué condiciones funciona este vertedero de desechos mineros, lo que le preocupa es que sus propios clientes comprueben que en la zona donde se cultivan, por ejemplo, los arándanos o la uva con que se produce el vino que ellos consumen, hay un vertedero con unas 800 mil toneladas de desechos tóxicos, que incluyen arsénico, mercurio, dioxinas y otros elementos cancerígenos. Este es el motivo por el que nuestra economía local corre el serio riesgo de sufrir un daño irreparable al enfrentarse a un posible embargo sanitario por parte de los principales compradores de nuestros productos.

Sin ir más allá y sólo usando nuestro sentido común, preguntémonos ¿Que hace razonable que en Chillán Viejo recibamos los desechos peligrosos y tóxicos de faenas que están a miles de kilómetros de nuestra provincia? ¿Cuál es la parte de “ilegalidad” que los ejecutivos de Essbío no comprenden?

Personalmente, he tenido acceso a documentos que acusan muchos otros vicios asociados a las autorizaciones para el funcionamiento de este vertedero industrial. Las aristas van más allá de lo administrativo y lo ambiental. Muchas veces traté de comunicarme con las oficinas de Hera Ecobío en Santiago. No existían los teléfonos ni las oficinas. Lo que corresponde ahora es ahondar en los detalles de las transacciones comerciales entre sus dueños originales, los supuestos “nuevos inversionistas” y que los pagos de impuestos resultantes de estas transacciones se hayan efectuado. Cuando se ha comprobado la ilegalidad de las actuaciones administrativas ejecutivos de gobierno, se abre un inmenso espacio de duda ¿Es posible que esta sea la punta de un iceberg y que bajo ella encontremos una trama aun mayor de ilegalidades y corrupción?

Creo, sin temor a equivocarme, que este caso esconde corrupción. Cuando autoridades han actuado en forma ilegal sistemáticamente y además han ocultado información en complicidad con ejecutivos y dueños de empresas, tenemos suficientes motivos para sospechar que nos están escondiendo algo más grave que lo que ya hemos descubierto.

Para Tejemedios escribió:
UDO. H. SCHWEITZER. M.
Presidente Partido Por la Democracia P.P.D
Comunal Chillán

¿PODEMOS HACER LEYES SIN PARLAMENTARIOS?

“Yo no tengo nada de ideólogo de izquierdas” recalca el empresario suizo Thomas Minder, que indignado por  la codicia del ex CEO de Swissair, Mario Corti, quien fue recompensado con nueve millones de euros como indemnización después de hundir la aerolínea, comenzó una cruzada personal para crear una ley que impidiera que ejecutivos de empresas salieran con suculentos bonos de las organizaciones que dejaban en la quiebra.

El caso mencionado anteriormente, en Suiza,  dio paso en una campaña nacional para recolectar firmas respaldando un proyecto de ley que prohibiera estas prácticas previo referéndum (o plebiscito como se le llama). Hoy ese proyecto es ley en Suiza y no fue el congreso quien lo tramitó ni aprobó.

El principio de la Democracia directa hace alusión a un mecanismo de legislar en el que no interviene el  congreso, sino que es conducido por los ciudadanos de acuerdo a formalidades legales que permiten que esto suceda.

El abogado español, autor del libro “España Necesita Democracia Directa”, define el concepto en palabras sencillas: “Consiste en dos elementos: las iniciativas y los referendos. Si recoge suficientes firmas, el pueblo vota si quiere esa ley y entra en vigor como si la hubiera elaborado el Parlamento”

¿Necesitamos Democracia Directa en Chile?

Somos testigos  de cómo pasan años en que proyectos de ley descansan en algún lugar del congreso, de cómo tres o cuatro consorcios económicos pueden inclinar la balanza a la hora de legislar o no hacerlo sobre una materia determinada. Vivimos en una democracia cautiva y de un espíritu burocrático.

Entonces, surge la necesidad de legislar respecto de un asunto de interés nacional: una ley que permita que un equipo de ciudadanos organizados, con la colaboración de juristas, redacte un proyecto de ley que sea plausible dentro del ordenamiento jurídico y que establezca que si este proyecto de ley recibe el apoyo de una cantidad determinada de ciudadanos mediante su firma, sea sometido al escrutinio popular mediante  un referéndum. Después de este proceso y en el caso de ser aprobado por una mayoría, el proyecto debe transformarse en ley.

¿Es posible una Ley de Democracia Directa  en Chile?

Nuestra “clase política” representada por los legisladores (salvo contadas excepciones) ha dado muestras de un proceder muchas veces impredecible; hemos presenciado cómo, parlamentarios de oposición han respaldado iniciativas que van en contra del espíritu fundacional de la Concertación, como en el caso de la Ley de Privatización de Semillas o la Ley de Pesca, esta última ideada por Pablo Longueira y que tuvo votos de senadores socialistas y demócrata cristianos. Entonces ¿podemos confiar en la probidad legislativa de todos nuestros representantes en la Cámara y el Senado? No podemos,  puesto que es seguro que si esas leyes hubiesen sido escrutadas por la ciudadanía, no habrían llegado a transformarse en leyes de la República.

Si hacemos un ejercicio práctico de cómo operaría esto en Chile, resulta alentador pensar los resultados que podría tener este mecanismo. En las elecciones de diputados el año 2009 votaron válidamente 6.615.856 personas, esto dividido en 120 da un resultado de 55.132. En Chile, cada diputado representa en promedio 55.132 personas.

En Chile, un proyecto de  ley puede ser presentado por un diputado y con el patrocinio de un máximo de diez.  Esto significa que, en un sistema de democracia directa, en Chile podríamos tener proyectos de ley que se contengan dentro del marco del ordenamiento jurídico, respaldados por al menos 55.000 personas con derecho a voto e idealmente con una cantidad mayor y,  de acuerdo a la materia del proyecto,  que sean  residentes de todo el territorio. Posteriormente ese proyecto de ley sería sometido a votación popular y, en el caso de ser aprobado, se transformaría en Ley de la República, sin pasar por el congreso.

Lo que aquí describo suena utópico, pero es parte de un mecanismo legislativo en países como Suiza, que es una democracia más perfecta, un país con indicadores de transparencia superiores a los nuestros y una economía en que la riqueza se distribuye en forma más equitativa que en Chile.

Plantear esta idea en un país muy conservador como es Chile, puede resultar un acto subversivo, en un país conservador, casi toda acción crítica hacia el modelo, es subversivo. Pero la apropiación de las AFP de nuestros ahorros, los cobros abusivos de las Isapres, del retail y la arbitrariedad para aplicar intereses y comisiones usureras de los bancos, son legales; como también es legal que  empresas extranjeras exploten nuestros recursos naturales y no paguen impuestos en Chile; los toleramos y no hacemos lo necesario por terminar con esto en forma definitiva y rápida. Lo que creo es que son estas las organizaciones las subversivas, son ellos quienes entran en nuestras vidas violentando nuestra libertad, nuestro patrimonio nacional, destruyendo familias con la presión del endeudamiento, destruyendo el futuro de mujeres y hombres  que llevan la letra escarlata de las deudas crónicas, sometiendo a quienes trabajan con la ideología del abuso institucionalizado y teniendo a un país entero de rodillas, muchas veces con la complicidad de parlamentarios que dicen representar la voluntad soberana, pero que a la hora de votar,  deliberan pensando en el financiamiento de sus campañas y en asegurar un patrimonio para su futuro. Es ahí donde mueren los sueños de libertad y de un Estado solidario y meritocrático.

El comienzo del cambio revolucionario que Chile requiere podría partir –por ejemplo- con una Ley de Democracia Directa; una ley que motivaría la participación, la reintegración de los ciudadanos y el Estado, veríamos a personas atentas e involucradas en lo que ocurre en su país y en sus comunidades. Es una forma de lograr que sea la ciudadanía la que detente el poder político, no los partidos, que – aunque necesarios para la estabilidad política- hoy han dejado de ser la institucionalización de la opinión pública.

Una Ley de Democracia Directa podría ser una gota de democracia; y es con una sola gota con que comienza la lluvia.

Para Tejemedios escribió:
UDO. H. SCHWEITZER. M.
Presidente Partido Por la Democracia P.P.D
Comunal Chillán

LA NACIONALIZACIÓN DEL AGUA COMO RECURSO ESTRATÉGICO

Un gran saludos a mis amigos de Tejemedios y por su intermedio a toda la Provincia de Ñuble. Desde hoy publicaré mis columnas en este importante Portal. -Los procesos sociales y las inquietudes de la gente, deben ser el único norte de quienes creen que la política es una herramienta noble, y a disposición del trabajo del hombre- Un saludo fraterno a todos y todas.

Cuando hablamos de nacionalización, encendemos alertas de “alto, cuidado; están imponiendo la ideología del Estatismo”. El caso del agua y en general, de los recursos naturales, tiene una connotación estratégica. El Estado, al tener el control de los recursos hídricos, tiene en sus manos un elemento indispensable para poder formular un modelo de desarrollo sustentable y ecuánime; sólo teniendo el control de los recursos hídricos se puede ordenar territorialmente las actividades económicas, definiendo zonas que, por ejemplo, tengan carencias respecto de proyectos contaminantes que hagan inutilizable el agua para la agricultura.

Es el caso de Ñuble, durante setenta años los agricultores regantes del Río Ñuble han  trabajado para conseguir asegurar el agua de riego de los valles con el proyecto Embalse Punilla. Hoy están ad portas de conseguirlo y nos encontramos con la noticia que desde hace varios años están inscritos los derechos mineros en la zona cordillerana de San Fabián y, que en un futuro próximo, comenzarían las prospecciones mineras. 
Lo que sabemos es que ya ha habido prospecciones pero que estas se han hecho en forma  sigilosa, evitando encender el rechazo no sólo de ambientalistas, sino además de los productores agrícolas. Es sabido que la actividad minera genera utilidades muy altas y que tiene menos elementos distorsionantes que la agricultura, esto se debe a que Chile no ha logrado visualizar la agricultura como una actividad patrimonial indispensable para consolidar una cadena de valor que diversifica la matriz productiva y además aporta al desarrollo humano de la población rural. -No hay voluntad política de blindar nuestra agricultura; eso me hace pensar que es positivo que los agricultores de terreno, tomen en sus propias manos esta misión, llevando candidatos al parlamento que tengan como eje de su trabajo, la protección de la agricultura y la observación de todas las externalidades que la afectan.

Por otra parte, la nueva Ley de Fomento Forestal, promueve la conversión de pequeños y medianos productores agrícolas a la plantación de bosques exóticos ¿Qué es lo que amenaza la actividad agrícola de este proyecto? Las grandes cuotas de agua que requieren las enormes extensiones de bosques y, que finalmente  y si nos adelantamos previendo un futuro cercano, esos predios pequeños y medianos terminarán siendo contratados o comprados por grandes forestales para producir para ellos o comprarlos cuando las plantaciones hayan llegado a su madurez. El agua después de su uso en faenas mineras, por los riles que quedan en altas concentraciones y que la legislación chilena no obliga a tratar en un proceso terciario (de químicos), no queda en condiciones de ser utilizada para riego y además disminuye en cantidad. Por su parte, el agua que absorben las plantaciones forestales en zonas de cotas altas es mucha, lo que resulta en  cantidades de agua insuficientes para  el riego en los valles.

Conclusión:
los proyectos que indirectamente fomentan la concentración y la monopolización productiva, como ocurre en los últimos años, van hundiendo cada vez  más la agricultura, una actividad económica patrimonial, que ofrece infinitas posibilidades de agregar valor y generar fuentes laborales permanentes en la cadena de procesos de la industria  agroalimentaria y que bien manejada, tiene un impacto positivo en la calidad de los ecosistemas.
Finalmente nos enfrentamos a un futuro con cientos de miles de hectáreas de bosques que durante décadas generan una cantidad de empleos marginal, absorben agua necesaria para la agricultura, extinguen la identidad cultural y contaminan en su proceso industrial (celulosa) nuestro recurso indispensable, pero aún no lo suficientemente valorado y resguardado, el agua limpia y abundante.

Para Tejemedios escribió:
UDO SCHWEITZER  M.
Presidente Partido Por la Democracia PPD
Comunal Chillán